En 2007 se acordaron 2.176 medidas judiciales abiertas
Justicia y Cruz Roja firman un convenio para la reinserción social de los infractores
maribel posadas/cádiz
En 2007 se impusieron un total de 2.176 medidas alternativas a las privativas de libertad a jóvenes y menores de la provincia. Entre ellas, se encuentran las tareas socioeducativas y las prestaciones en beneficio de la comunidad que se llevan a cabo mediante convenios de colaboración que la Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública firma con los ayuntamientos de la provincia, asociaciones sin ánimo de lucro y entidades de todo tipo.
El último de estos acuerdos de colaboración fue suscrito ayer por la Delegada de Justicia, Blanca Alcántara, y la presidenta provincial de Cruz Roja, Concepción García, para que los menores infractores de faltas --nunca delitos- cumplan las prestaciones en beneficio de la comunidad y tareas socieducativas como si fueran unos voluntarios más de la organización.
Alcántara explicó que las prestaciones en beneficio de la comunidad es impuesta por la autoridad judicial con carácter sancionador y tiene como finalidad realización de una actividad determinada para enfrentar al infractor con su propia conducta y sus consecuencias y a compensar a la sociedad en general. La actividad que desarrollen tiene una intencionalidad educativa, por lo que, en ningún caso, cometerán tareas remuneradas, ni la sustitución de puestos de trabajo, ni estará supeditada a la consecución de intereses económicos. Además, la actividad no podrá interferir en la formación educativa o la vida laboral del menor o joven.
Por su parte, la tarea socioeducativa comporta la realización de alguna actividad de contenido educativo y está orientada al desarrollo integral del menor.
“camino sin vuelta”
La delegada provincial de Justicia explicó que la Ley del Menor persigue la reinserción social de los infractores y que “no sea un camino sin vuelta” el que emprenden. En este sentido, indicó que las medidas alternativas a las privativas de libertad se establecen mediante acuerdos entre las partes. Los padres suelen obstaculizar y dilatar este proceso porque “niegan muchas veces que hayan cometido las infracciones”.
La presidenta provincial de la Cruz Roja en Cádiz afirmó que en otras provincias andaluzas en las que ya existe este convenio con las delegaciones provinciales de Justicia, son muchos los jóvenes infractores los que se integran en la organización como voluntarios debido a que muchos de ellos proceden de familias desestructuradas y encuentran aquí los valores que no le han sido transmitidos en casa o en la escuela. En la provincia, el voluntariado de Cruz Roja ronda los 3.000 integrantes.
La Delegación Provincial de Justicia ha firmado convenios de colaboración para la adopción de medidas no privativas de libertad con “casi todos los ayuntamientos de la provincia” desde 1998.
El año pasado se firmaron con los de Alcalá de los Gazules, San José del Valle, Medina Sidonia, Tarifa, Benalup, Olvera, Villamartín, Bornos y Grazalema. Asimismo, además de con la Diputación Provincial y asociaciones como Asansull, de La Línea, Barrio Vivo, de Algeciras, y Adif --para actividades que se desarrollan en la estación de tren de Cádiz--.
De las 2.176 medidas abiertas impuestas en 2007 en la provincia, 1.328, es decir, el 61 por ciento, correspondieron a libertad vigilada; 203 consistieron en tratamientos para la drogodependencia; 184 en tratamientos de salud mental; 179 se basaron en prestaciones en beneficio a la comunidad; 135 en tareas socioeducativas; 59 se desarrollaron en los centros de día de mayores dependientes de la Delegación Provincial de Igualdad y Bienestar Social; 30 amonestaciones y 31 permanencias domiciliarias de fin de semana, entre otras como la privación del carné de conducir.
