Subcontratas y propietarios piden el final de las 80 VPO
Esperan que el Ayuntamiento cumpla su “compromiso” de mediar con Vaupres
alejandro hernández/jerez | alehernad@gmail.com
La pedanía de Torrecera vivió en la mañana de ayer una actividad desconocida en esta zona rural de Jerez. La protesta de subcontratas y propietarios de la promoción de 80 viviendas de protección oficial (VPO) de la Empresa Municipal de la Vivienda de Jerez (Emuvijesa) concentró a pie de obra a un centenar de afectados. Entre los concentrados también se encontraban los acreedores de la constructora Jerecom, ya que una de las empresas que consideran herederas de la constructora en proceso concursal, concretamente Nogasa, está pujando por hacerse con el contrato para la finalización de la obra paralizada desde hace tres meses.
Los concentrados mostraron en todo momento una actitud pacífica, desplegaron pancartas con mensajes de protesta como “fuera los estafadores que roban a los trabajadores” y fueron permanentemente vigilados por agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, que en ningún momento se vieron obligados a intervenir.
“Somos un colectivo de acreedores que hemos sufrido varios saqueos en esta obra, uno legal, porque ha sido una suspensión de pagos por parte de Jale y otro ha sido una rescisión de contrato que ha cogido el dinero y se ha quitado de en medio dejándonos desamparados”. Así explicaba el portavoz de las subcontratas, Cristóbal Armario, la situación por la que atraviesan estas empresas y los propietarios de las viviendas.
Las subcontratas reivindican "que nos paguen lo que nos deben. El dinero se ha quedado estancado entre Emuvijesa, que se supone que ha pagado, y Vaupres (última constructora contratista), que se supone que lo ha recibido, pero a nosotros nos no ha llegado”.
Las subcontratas piden al Ayuntamiento que medie y espera que cumplan el compromiso que aseguran que les comunicó de contactar con Vaupres. "Les daremos tiempo, pero andando", puntualizó el portavoz.
La plataforma de acreedores se ha constituido con ocho empresas subcontratadas, “aunque hay varias más que dicen que les adeudan cuantías pequeñas o que van a actuar individualmente”, aclaró Armario que cifró la deuda en más de 230.000 euros y puso como ejemplo su caso: “Mi empresa es de carpintería y hasta hace poco tenía veinte empleados y hoy tenemos sólo siete incluyéndome a mí”. Según el portavoz, “la situación es bastante grave y lamentable. Estamos sufriendo constantes saqueos, legales, con suspensiones de pago, e ilegales, porque cogen el dinero y se quitan de en medio. Queremos ponerle un punto y final a esto”.
Por parte de los propietarios, José Miguel Martínez, quiso matizar que “todavía no tenemos información de en qué situación se encuentran las casas”. Las viviendas se tendrían que entregar en marzo de 2009. “Entregamos una fianza de 3.000 euros, después una entrada de 4.000 euros y estamos pagando mensualmente una cuota de entre 200 y 300 euros”, explicó Martínez.
