Sobre la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo
faro san roque
El Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de San Roque aprobó, con los votos de PSOE, USR y PIVG, y la abstención de PP y PA, la moción de Alcaldía sobre la ejecución de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo sobre el área TG-22.
El secretario general del Ayuntamiento, Alejandro del Corral, leyó el contenido de la moción que, de manera resumida, decía lo siguiente: “dar cuenta de la sentencia del TS; llevar a cabo su ejecución; dar cuenta a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de esta moción; dar cuenta a las sociedades mercantiles implicadas en este asunto de dicha moción”.
Tras la intervención, el alcalde, José Vázquez, recordó que “hoy -por ayer- es el último día del plazo legal” que se le concedió al Ayuntamiento para iniciar el proceso de ejecución de la sentencia, y que existen “dos dictámenes no vinculantes” que aconsejan que se actúe en ese sentido.
El portavoz del PP, Fernando Palma, comenzó indicando que “esta moción se lleva a Pleno sin que se haya discutido en Junta de Portavoces y sin informes del secretario y la interventora municipales”. Dijo que el PP “está de acuerdo en cumplir la sentencia” y añadió que “el cumplimiento de la misma es competencia del alcalde y no del Pleno”.
Por su parte, el portavoz del PIVG, Jesús Mayoral, indicó que “me extrañó” que esta moción no se votara en comisión informativa, y recordó al PP que “el Pleno presentó un recurso al TS ante la sentencia previa del TSJA”.
El alcalde manifestó que “hay que dar cuenta al Pleno de este asunto” y se preguntó “¿qué vamos a votar en comisión informativa? Este es el inicio de un proceso que debe iniciarse por orden del TS”.
Palma solicitó que en la moción se incluyese la frase “que se inicie el proceso de ejecución de sentencia”, a lo que el alcalde le respondió que “no cuesta trabajo ponerlo, pero es innecesario porque de hecho el proceso ya se ha iniciado”.
A continuación, el portavoz del PSOE, Juan Carlos Ruiz Boix, comentó que “se trata de uno de los expedientes más importantes en la historia del Ayuntamiento. Los expedientes también tienen alma, que es la de las personas que los impulsan, de los políticos que los siguen y, a veces, la cabezonería algunos técnicos y de personas que se creen que ellos son los que mandan en el Consistorio”, recordando que el caso se inició el 25 de junio de 2002, cuando la Comisión de Gobierno municipal (encabezada por el entonces alcalde Fernando Palma y con representación de PP, Grupo Mixto y USR) adjudicó a la empresa Vverh el aprovechamiento urbanístico de la parcela TG-22. “Destaca -dijo- la falta de transparencia con la que se llevó el asunto, porque se discutió en Pleno”.
El 19 de noviembre de 2004, tras la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante el TSJA por la empresa Sotogolf, el Alto Tribunal estimó dicho recurso. Ruiz Boix comentó que, entonces, el TSJA estimaba que “había incumplimiento de las bases del concurso, como la no aparición de lemas en los sobres cerrados”, y también consideraba que existía “una sombra de duda más que razonable, que sugiere que ya se había decidido de antemano”. Para el portavoz socialista, el gran fallo del Ayuntamiento fue no haber dado entonces marcha atrás en el proceso “pues hemos perdido más de 4 años. Y todavía hay algunos que se emperran en no cumplir”.
“En la sesión plenaria del 3 de febrero de 2005, continuó Ruiz Boix, el portavoz del PP formuló una moción in voce para que se presentara un recurso de casación que salió adelante con los votos del PP y USR, la abstención del PIVG y los votos en contra de IU y PSOE”.
Además, “en la primavera de 2006, el TS entendió que no cabía recurso. Pero -indicó Ruiz Boix- los que pretenden llevar el timón del Ayuntamiento hasta la deriva” y que “nos llamaban intrusos a algunos que pensábamos distinto a ellos” se dedicaron a reunir documentación que luego se elevó al TS, el cual admitió su estudio.
“Por fin -dijo-, en febrero de este año se desestima el recurso definitivamente, y perdemos más de cuatro años en el camino”. Ante esta situación, subrayó el portavoz socialista “algunos dicen: la sentencia es inejecutable”, así que lo mejor es “indemnicemos a Sotogolf y que lo paguen los sanroqueños”.
Tras este recorrido temporal, el portavoz del PSOE hizo algunas “valoraciones políticas”. Tras felicitar a Palma por haber acudido a este pleno, le pidió “responsabilidades políticas por esta monstruosa torpeza. Que dimita. La ruína en la que va a dejar al Ayuntamiento es enorme”. “Lo mismo le pido al señor Ramírez Torti (Ramón, edil del PP y responsable de Hacienda en 2002). No nos merecemos a personas que van a hundir las arcas municipales”. Señaló que, sólo Vverth, reclama ya unos 10 millones de euros, aunque espera que los tribunales rebajarán dicha pretensión.
Por todo ello, adelantó que el Grupo Socialista pedirá en próxima sesión plenaria “que demande judicialmente a los responsables de esta situación, para que asuman estos gastos de su bolsillo. Se trata de una salvajada y torpeza cometida a cuenta de Dios sabe qué”.
Palma sólo respondió a Boix indicando que “el PP apoya que se cumpla la sentencia”. Por su parte, Mayoral indicó que “al menos, ahora tengo dos informes (para orientarle a la hora de decidir su voto). Entonces (en febrero de 2005) ni siquiera vi la sentencia. Estos informes deberían haberse requerido hace cuatro años”. También recriminó a Ruiz Boix que, entonces, no hubiera pedido que se rompiera el pacto de gobierno PSOE y USR.
Ruiz Boix dijo que “no creemos que no conociera la sentencia, con lo bien que se mueve por los pasillos municipales. Además, usted se pronunció sobre la misma en los medios de comunicación”. Por eso pidió a Mayoral que secundara la petición de responsabilidades.
También indicó que “espero que durante la actual legislatura no tengamos que subir los impuestos para pagar las reclamaciones millonarias derivadas del caso, pero el equipo de Gobierno que asuma el mando en 2011 tendrá que hacerlo, y bastante. Y, aún así, no creo que pueda pagarlo todo en la legislatura”.
Cuando Mayoral le dijo que venía “con cuatro años de retraso”, Boix le respondió que “la sentencia no era firme y no se podían exigir responsabilidades en ese momento”. El portavoz del PIVG indicó que "nos pronunciaremos cuando ustedes lleven esta cuestión a pleno”.
Manuel Melero (PA), pidió “serenidad” e indicó que “los andalucistas nos encontramos totalmente ajenos” y “nos vamos a abstener”.
José Antonio Ledesma (USR), indicó que su grupo “respeta las acciones judiciales y el contenido de la sentencia”, pero puntualizó que si bien su grupo formaba parte del Equipo de Gobierno en 2002 “no estaban en nuestras responsabilidades ni Patrimonio ni Urbanismo. Votamos favorablemente entendiendo que se actuaba de manera limpia y transparente, y también por lealtad a nuestros compañeros”. En cuanto a la presentación de los recurso, dijo que respaldaron esa decisión “porque creíamos que era nuestra responsabilidad”.
En su opinión “este es un momento duro y triste”, y manifestó que “alguien debe decir a la Corporación cómo se ejecuta esta sentencia, porque no es nada fácil, y será de una complejidad enorme”, y pidió la ayuda de los servicios jurídicos municipales, del secretario general del Ayuntamiento y del TSJA.
José Antonio Cabrera, edil del PP, indicó que la adjudicación se concedió a Vverth porque “había informes positivos de los técnicos municipales”, recordó que en su sentencia el TSJA no presumía “mala fe” y añadió que “todo ciudadano tiene derecho a recurrir ante el Supremo”. Añadió que “ni el alcalde ni los tribunales paralizaron” la continuación del planeamiento urbanístico y que tanto PP como PSOE votaron a favor del estudio de detalle que aumentó la edificabilidad”.
Boix le respondió que “no trate ahora de repartir responsabilidades. La Justicia dijo que no era necesario paralizar el desarrollo urbanístico”, lo que refrendó el alcalde. Luego vinieron las votaciones con PSOE, USR y PIVG, a favor; PP y PA, abstención.
