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El PP advierte sobre la futura sede del Cervantes en el Peñón

La oposición del Peñón propone que los trabajadores españoles estudien inglés

efe/s.p.c./faro/madrid/gibraltar/la línea
El portavoz de Exteriores del PP, Gustavo de Arístegui, alertó ayer al Gobierno de las consecuencias que tendrá la apertura de una sede del Instituto Cervantes en Gibraltar, acordada el pasado martes en el Foro de Diálogo con el Reino Unido y Gibraltar, ya que este organismo únicamente se despliega en países del extranjero donde no se habla español.
En una rueda de prensa celebrada en el Congreso, De Arístegui ha pedido explicaciones al Ejecutivo por los acuerdos en el marco de Foro de Diálogo sobre Gibraltar alcanzados en Londres entre el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, su colega británico, David Milliband y el ministro principal de Gibraltar, Peter Caruana.
"Los institutos Cervantes sólo se abren en territorio claramente extranjero y nosotros tenemos reivindicaciones evidentes sobre Gibraltar", ha advertido el diputado del grupo popular.
Ha recordado además que el PP siempre hizo notar las consecuencias "desastrosas" para las reclamaciones españolas que iba a tener la creación del foro de cooperación sobre la colonia, concretadas ahora en decisiones como la sede del Cervantes pese a que, ha remarcado, "no hay institutos Cervantes en zonas lingüísticas que tengan que ver con el castellano".
Por todo ello, el parlamentario del PP ha exigido al Ejecutivo socialista "mayor información y transparencia sobre Gibraltar" y ha pedido al Ministerio de Asuntos Exteriores que tenga la "responsabilidad" de compartir con la oposición su postura al respecto. La oposición gibraltareña ha reaccionado al anuncio referido a la adquisición por parte del Gobierno de Gibraltar de unas instalaciones privadas que traspasará al Gobierno español para el establecimiento del Instituto Cervantes.Socialistas y liberales entienden que estas instalaciones consisten en una planta completa en el Cloister Building, en Market Lane, arriba de las oficinas de Bland Ltd. La postura de la oposición con respecto al Instituto es bien conocida. No se oponen al establecimiento de esta institución española, pero sí objetan a cualquier tipo de subsidio por parte de los contribuyentes gibraltareños. El mismo criterio se aplicaría, añaden, si se tratara de un consulado en vez del Instituto o si fuera otro Gobierno distinto al español. La coalición considera que el Instituto Cervantes se encuentra ya bien dotado por parte del estado español para pagarse sus propias instalaciones. El director del Instituto, señalan socialistas y liberales, ya ha sido citado en la prensa española declarando que el coste estimado de la remodelación de las nuevas premisas será de 250.000 euros, cantidad que la oposición asume como lógico que se abonará desde España.
Los detalles de la transacción de la propiedad aún no se han hecho públicos, por lo que la coalición se pregunta si la propiedad estaba en el mercado, desde cuándo y cómo se cerró el acuerdo. Socialistas y liberales aseguran que controlarán la situación y preguntarán al Gobierno a la más mínima oportunidad para poder reaccionar estando en pleno conocimiento de los hechos.

Moratinos
Por su parte, el senador socialista José Carracao, agradeció ayer públicamente la deferencia del ministro de AAEE español por haberle llamado ayer por la mañana y ofrecido información sobre el contenido y resultado del encuentro mantenido en Londres en el seno del Foro de Diálogo.
Carracao destacó el interés del Miguel Ángel Moratinos en la problemática de los españoles que trabajan en Gibraltar. Según el senador, el ministro ha recibido directamente de Peter Caruana información de que no sufren trato discriminatorio, lo que se traduciría en que hay “muy poco margen” para el Gobierno español en la búsqueda de soluciones.
Aun así, el ministro trasladó “una vez más” a Carracao su voluntad política de ponerse al frente del asunto y tratar de coordinarlo con el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y la Junta de Andalucía. Moratinos ha autorizado a Carracao a hacer público que accede a recibirles si su agenda se lo permite, a finales de junio. De no ser así, la reunión sería en septiembre. Carracao cursó la petición al ministro en su nombre y en el de Salvador de la Encina y Miguel Tornay.
José Carracao también fue informado por Moratinos de la posibilidad de que el próximo encuentro se celebre en Gibraltar, indicándole que le parece “excelente y que la Historia demostrará cómo un buen entendimiento y el diálogo son el único camino posible para discutir y conseguir la retrocesión de la soberanía”.
Carracao cree que la visita de Moratinos a Gibraltar sería “histórica, extraordinariamente útil para despejar fantasmas del pasado, dado que el buen talante del ministro español y al mismo tiempo su firmeza, es esencial para que los vecinos gibraltareños puedan comprobar que España les puede ofrecer mejores condiciones de vida y seguridad que el Reino Unido”.
El alcalde de La Línea, Juan Carlos Juárez, ha calificado la nueva reunión celebrada del Foro tripartito como de "decepcionante. Parece que no han querido dejar de pasar el verano sin reunión para que no parezca que este foro decae, aunque a la vista de los resultados de la misma, es lo que más alarma, es cuando parece realmente que está decayendo. Es un foro que puede ser criticado políticamente, como hace mi partido, con el que yo no me he alineado muy directamente en esa crítica feroz pero, si embargo, hay que especificar que si lo que este foro pretende es una cuestión de maquillaje, no merece la pena que se lleve a cabo puesto que puede traer más problemas que beneficios".
Juárez destacó que "en las dos reuniones que se han celebrado hasta ahora, se han tratado dos temas importantes como es el caso de las pensiones, que era una deuda pendiente, y el del aeropuerto que afecta a ambas comunidades y que no requería de la formación de un foro tripartito. Sin embargo, en la actualidad hay temas de máxima importancia sobre los que tratar como es el estado actual de los trabajadores españoles en Gibraltar y el tema medioambiental que incluye cuestiones como seguridad en el tráfico marítimo, la forma de realizar el bunkering, el estudio epidemiológico solicitado por Gibraltar y por el Campo de Gibraltar, ver como la Roca genera la luz, como gestiona sus residuos, en definitiva, asuntos que son vitales para nuestra salud y convivencia y que deberían ser abordados en el foro con el fin de, si existe algún problema, intentar buscar soluciones".
Con respecto al acuerdo alcanzado en el tripartito sobre la coordinación entre dos oficiales, uno en Algeciras y otro en Gibraltar para controlar cualquier problema que se pueda dar en la Bahía, como ha sido el terrible caso del New Flame, el alcalde aseguró que "lo que hay que hacer primero es hablar de prevención, de competencias, de aguas territoriales, ya que, dos oficiales, uno en cada población, no servirá para nada, como ocurrió cuando hubo que gestionar el accidente del New Flame, que ni el ministro principal ni el de turno pudieron, hacer nada por no tener ni capacidad ni medios para solventar este grave problema. Por eso hay que hacer un análisis más profundo de esta cuestión ya que, una catástrofe podría ser tanto medioambiental como económicamente un desastre para el Campo de Gibraltar".
Por último, Juan Carlos Juárez consideró que para que estos temas estuvieran sobre la mesa en un foro tripartito, debería haber una representación de la comarca, "en este caso, a estas reuniones debería asistir el alcalde de La Línea, fuera quien fuese”.
Por otra parte, el secretario provincial del Partido Popular, Antonio Sanz, se refirió también a la reunión del Foro tripartito, e indicó que de ella se puede sacar que le Gobierno "realiza cada más más concesiones a Gibraltar". Afirmó, asimismo, que con cada reunión de este foro "pierde más España".
Criticó, asimismo, el acuerdo para que en caso de catástrofe en la zona se lleve a cabo una actuación conjunta entre los gobiernos de España y Gibraltar, lo que supone "la aceptación de no pedir responsabilidades al Peñón, y por tanto es un acto de cobardía y traición a los intereses de España". En suma, Antonio Sanz pide "el cumplimiento de la normativa europea a todos los niveles", manifestó el político popular.