La Junta rehabilitará fincas expropiadas en el centro
Una vez rehabilitadas, las fincas saldrán al mercado en régimen de alquiler y venta
francisco c. aleu/jerez
La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía comprará al Ayuntamiento las fincas que éste expropie en el centro histórico con el objetivo de rehabilitarlas y sacarlas al mercado de la venta y el alquiler. Este es el objetivo del convenio firmado ayer por la alcaldesa, Pilar Sánchez, y el delegado provincial de Vivienda e Infraestructura, Gabriel Almagro, que se enmarca en las iniciativas que llevan a cabo ambas administraciones para rehabilitar el centro histórico.
El convenio recoge que las fincas que el Ayuntamiento incluya en el Registro Municipal de Solares sean adquiridas por la Junta de Andalucía. De este modo, se pondrán en valor edificios abandonados, facilitándose a los ciudadanos el acceso a viviendas asequibles.
El acuerdo suscrito ayer es por tanto un apéndice al convenio marco de colaboración firmado en mayo de 2006 entre la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) y el Ayuntamiento de Jerez para el desarrollo del Área de Rehabilitación Concertada de San Mateo-Santiago y el entorno del centro histórico de la ciudad.
De hecho, el delegado municipal de Urbanismo, Juan Pedro Crisol, consideró que el acuerdo es “un paso más” en la línea de colaboración abierta entre ambas administraciones, mostrándose además convencido de que estas actuaciones posibilitarán un “cambio espectacular” del centro histórico, que recuperará su “esplendor” de manera “paulatina”. Además, esta actuación permitirá al Ayuntamiento facilitar la renovación del parque de viviendas en una zona especialmente sensible de la ciudad.
actuaciones conjuntas
En esta misma línea, Gabriel Almagro consideró que la firma del acuerdo es la “culminación” de una serie de actuaciones conjuntas llevadas a cabo por Junta y Ayuntamiento.
El delegado provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio hizo referencia a la aprobación en el Pleno municipal de la ordenanza sobre Inspección Técnica de Edificios, que obligará a los propietarios a subsanar aquellas deficiencias que se vayan detectando en sus inmuebles. De este modo, se garantizará la seguridad e integridad de las personas que residen en estas viviendas, mejorándose sus condiciones de habitabilidad.
El acuerdo firmado ayer también contempla la constitución de una comisión de expropiación integrada por representantes de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio y del Ayuntamiento de Jerez, tal y como se aprobó en la comisión de seguimiento del Área de Rehabilitación celebrada el pasado 21 de abril.
Por otra parte, el delegado provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio ofreció algunos datos sobre la solicitud de ayudas para la rehabilitación de sus viviendas. En concreto, han sido 1.300 las familias jerezanas que ha pedido estas ayudas desde que el año pasado se pusiera en marcha la oficina situada en la calle Francos.
En el periodo abierto entre el 1 de abril y el 30 de mayo pasado, fueron 251 las familias que solicitaron ayudas individuales para arreglar el interior de sus viviendas, mientras 62 comunidades de vecinos demandaron ayudas de rehabilitación singular. Por último, otras 20 comunidades han solicitado ayudas para arreglar elementos comunes de los edificios, para el cual no existe un periodo concreto.
Herramienta de dinamización
La Junta se hará cargo de las fincas que no sean rehabilitadas por sus propietarios una vez incluidas en el Registro Municipal de Solares, una herramienta que tradicionalmente ha sido utilizada para concienciar a los propietarios de las fincas en mal estado o solares de la necesidad de rehabilitarlas y edificarlos o de sacarlos al mercado a precios “razonables”.
El propio Ayuntamiento define al Registro Municipal de Solares como un instrumento “disuasorio” que no sólo despliega su eficacia sobre las fincas en las que actúa, sino que crea un efecto sobre el resto de propietarios de inmuebles susceptibles de engrosar esa particular lista negra. Además, se defiende el papel del registro como instrumento eficaz “para la solución de problemas de propiedad de las fincas” o para incidir en el mercado inmobiliario. Hasta la firma de este convenio, los inmuebles que no eran rehabilitados salían a pública subasta. Ahora, será la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio la que acceda a la propiedad, con el compromiso de proceder a su rehabilitación y posterior salida al mercado.
