Decenas de detenidos por conducir sin carné

Es delito desde el jueves. Conducir sin la autorización administrativa correspondiente, el carné para que todos nos entendamos, ha dejado de ser una mera sanción administrativa que se resolvía pagando una multa y se ha convertido en un delito que puede, incluso, llevar aparejada pena de prisión y que, por supuesto, supone al infractor tener antecedentes penales.
Varias son las circunstancias por las que una persona puede estar manejando un automóvil o motocicleta sin el correspondiente permiso, pero en el fondo de todas ellas trasluce una misma cuestión. Probablemente haya muchas más opciones, pero, en principio, se puede distinguir a quienes no han tenido nunca carné y conducen desde siempre sin él; a quienes por su juventud todavía no se lo han sacado y conducen esporádicamente algún que otro fin de semana y quienes, teniéndolo, lo han perdido como consecuencia de alguna sanción de tráfico por haber cometido un hecho grave. Y, tras todas ellas, queda al trasluz un mismo sentimiento: el desprecio absoluto por la norma, la conciencia de que el individuo está por encima de la ley y de que ésta se puede transgredir siempre que quién lo hace no sea cogido, pillado en el intento.
Es una opinión y un proceder muy español, muy de nuestras latitudes, que requerirá de tantos años como la educación que nos falta para tener otros comportamientos cívicos habituales en sociedades del norte de Europa.
Por eso, mientras esas generaciones futuras llegan, con más respeto y educación y probablemente también con ese añadido de cultura que es lo que en el fondo sigue haciendo falta, es necesario que se legisle con dureza contra el infractor, pues parece que ésta es la única forma de que aprenda y, mediante el boca a boca, se difunda que hacer lo que está prohibido termina saliendo caro... al bolsillo, que visto lo visto, es el único lugar donde realmente duele.
En las primeras horas tras la entrada en vigor de la nueva norma han sido decenas las personas detenidas y miles de euros los que han tenido que pagar. Y, lo que puede ser mucho más importante, se están dando avisos claros para aquellos que pensaban sumarse a esta práctica que ya es ilegal.

La carencia de VPO ya tiene cifra

A lo largo de toda la década de los noventa se elogió el notable crecimiento urbanístico en número de viviendas de nueva construcción experimentado por Arcos al abrigo del nuevo PGOU. Sin embargo, siempre hubo una crítica constante a ese crecimiento: la carencia de promociones de viviendas de protección oficial para las familias con menor poder adquisitivo, frente al mayoritario panorama de viviendas de renta libre. Esta semana se han dado a conocer los datos exactos de un estudio que revela la necesidad real de viviendas protegidas en Arcos. La cifra asciende a 450 viviendas y las peticiones se corresponen en su mayoría a menores de 35 años, con el añadido de que un 30 por ciento las demanda en régimen de alquiler. Los datos no son sino el cauce ideal desde el que diseñar y facilitar el desarrollo de viviendas protegidas en todo el término municipal, con la ventaja de contar con el respaldo de la Diputación y la Junta de Andalucía. Curiosamente, la falta de ese apoyo en los noventa fue la argumentación utilizada para responder a la ausencia de viviendas de protección oficial en Arcos, por lo que ahora no cabe margen para el error ni para la excusa.