Ayudas A la vivienda para separados y divorciados

El Ministerio de Vivienda ha hecho público que no descarta dotar de ayudas al alquiler similares a la Renta Básica de Emancipación, de 210 euros mensuales, a personas separadas o divorciadas. Estas ayudas, en el primer caso, están destinadas a personas de entre 22 y 30 años de edad y con una renta anual inferior a los 22.000 euros.
Según el Ministerio, esta medida pretende ser un paso más en el proceso de facilitar el acceso a la vivienda de todos los ciudadanos, una vez que se ha considerado por el departamento que actualmente dirige Beatriz Corredor, que la referida Renta Básica de Emancipación está cubriendo las expectativas creadas y no ha llegado a suponer un incremento en el precio de los alquileres, una cuestión que entiende así la ministra pero que sería ampliamente discutible.
La medida, que ha sido muy bien acogida por alguna asociación de padres separados y alguna otra organización de consumidores, no deja de ser interesante y, como cualquier otra decisión tendente a beneficiar a los ciudadanos en el acceso a la vivienda o a cualquiera de los derechos básicos de las personas, es adecuada y conveniente.
No obstante, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), ha puesto el acento en una cuestión que tampoco puede pasar desapercibida. De nuevo se vuelve a dejar al margen a las familias que más pueden necesitar una ayuda en este momento: a aquellos matrimonios, mayores de treinta años, con hijos, que están pagando una hipoteca -o viven de alquiler, que también los hay- y que tienen verdaderos problemas para llegar a final de mes porque su renta anual también es inferior a los 22.000 euros anuales.
A la vista de las ayudas que da el Estado a unos y a otros, es indiscutible que en esta sociedad o hay que ser menor de 30 años, o mayor de 65 para obtener beneficios que hagan más fácil llegar a final de mes. Al resto de la población se le supone ingresos sobrados para hacer frente a sus gastos.
Las medidas dirigidas a colectivos específicos están bien, pero junto a ellas habría que arbitrar ayudas en función de las rentas medias de las familias, sin que se ofrezcan de manera exclusiva a colectivos particulares.

Firmeza contra ETA y los proetarras

La fiscal Dolores Delgado ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que decrete el ingreso en prisión provisional sin fianza de la alcaldesa de Mondragón (Guipúzcoa), Inocencia Galparsoro, de Acción Nacionalista Vasca (ANV). La fiscal Delgado acusa a Galparsoro -quien no condenó el asesinato del ex concejal socialistas Isaías Carrasco del 7 de marzo- de los delitos de colaboración con ETA, desobediencia a la autoridad judicial y quebrantamiento de las medidas cautelares que pesan sobre ANV, decretada por el propio Garzón el pasado 8 de febrero.
La solicitud no puede ser más coherente dada la trayectoria de la alcaldesa Inocencia Galpasoro, que ha dejado claro de qué lado está, y no precisamente del de las víctimas, sino del de los verdugos.
No hay que ceder ni un milímetro en la lucha contra la banda terrorista, y no se está haciendo, pero tampoco hay que hacerlo contra aquellos que jalean, alientan, apoyan y justifican sin empacho alguno a los criminales.
La petición de la fiscal debería concluir con la prisión incondicional de Inocencia Galpasoro, si finalmente resultan probados los hechos que le imputan.