Agua de todos y para todos

José Plaza Pontiveros
colaborador.
Alcorcón-Madrid

La vida, se dice, comenzó en el agua y, a partir de allí, nuestra existencia depende totalmente de ella. El agua es fuente de vida, toda la vida depende del agua. El agua constituye un 70% de la masa corporal. Necesitamos agua para respirar, para desintoxicar nuestro organismo, para mantener constante su temperatura, etc. Por eso, aunque un ser humano puede vivir varias semanas sin comer, en cambio puede sobrevivir solo 3 o 4 dias sin tomar agua.
Garantizar el derecho a la vida debe ser el fin supremo de todo gobierno, dia a dia en todas partes del mundo , se protege la propiedad privada, la oferta y la demanda y el comercio, etc. olvidando en parte la protección a la vida y las necesidades básicas como la salud, la alimentación y el acceso al agua potable. El agua es esencial tanto para la salud básica, y la supervivencia con la producción de alimentos y actividades económicas. Actualmente 1000 millones de personas carecen de acceso a un suministro básico de agua y 2000 millones de personas no tienen acceso a un saneamiento adecuado. Se ha argumentado con frecuencia en el ámbito internacional que el reconocimiento al agua como derecho humano puede resultar el paso más importante para hacer frente al problema de suministrar a la población el elemento fundamental de la vida.
La demanda del agua crece con el aumento demográfico y con las mayores exigencias agrícolas e industriales, en tanto que nosotros la desperdiciamos o la contaminamos, sin perspectivas razonables de alternativas de suministro económicamente accesibles. La crisis del agua es sobre todo un problema de gestión de los recursos hídricos a causa del uso de métodos inadecuados y, de actitudes y comportamientos de los Gobiernos y de la población en general, que aún no toman conciencia de la magnitud del problema.
En nuestro país, el agua es un bien escaso y muy mal repartido por la naturaleza. Por tanto, es imprescindible desarrollar las infraestructuras necesarias para aprovechar hasta la última gota y para distribuirla con criterios racionales. Trasvases, pantanos y obras hidráulicas de diversos niveles deben contemplarse como soluciones a medio y largo plazo que no pueden quedar al arbitrio de un cambio de mayorías parlamentarias. Un partido de ámbito nacional tiene el deber de cumplir una función vertebradora de todos los intereses al servicio de un proyecto común. De lo contrario, gana terreno una actitud insolidaria que contradice el Artículo 2 y el Artículo 149 de la Constitución que se refieren a la solidaridad de las nacionalidades y regiones, y competencia exclusiva del Estado en materia de agua respectivamente.
El socialista José Borrell ministro del Gobierno en la etapa de Felipe González fué partidario de la política de trasvases para ayudar a paliar el problema de la sequía en España. Es tan sencillo como coger el agua desde donde sobra y llevarla hasta donde falta, se llame ese lugar Barcelona , Almeria, Valencia o Murcia. Compensando lógicamente a las cuencas donantes con ingresos u obras de infraestructura hidráulicas. Esto es lo que hacen desde hace años en una economía paradigmática como la de Estados Unidos.
Derogar el trasvase del Ebro, con tanta ligereza ha sido cargarse la política del agua que se había puesto en marcha años atrás con la idea de combatir el problema de la sequía. El Plan Hidrológico Nacional contemplaba solventar primero el problema del agua en las Comunidades ribereñas, Aragón, Cataluña y después, enviar el sobrante a las Comunidades de Valencia, Murcia y Almeria, azotadas por la sequía. Sustituir el trasvase por desaladoras, es permitir, que los ríos viertan el agua de lluvia al mar, con pérdida de muchos miles de hectómetros cúbicos y luego se pretenda recuperar, desalando esa misma agua ,con el agravante añadido de contaminación y consumo de energía.
La modificación del PHN atribuye a una singular Comunidad Autónoma, Cataluña, una capacidad de decisión sobre el régimen hídrico del río Ebro igual a la capacidad de decisión que compete al Estado. La ley del PHN asignaba tan sólo al Estado la competencia exclusiva en materia de agua, en cambio con la Ley 11/2005 aprobada por Las Cortes Generales con el voto favorable de los partidos que conforman el tripartito catalán, la competencia corresponde conjuntamente al Estado y a la Generalitat de Cataluña, lo cual es tanto como decir, que para fijar el régimen hídrico de un río de España como el Ebro, debe obtener el consentimiento de la Generalitat de Cataluña. Con esta medida queda sujeto el río Ebro al régimen propio del Derecho Internacional, es decir el necesario acuerdo entre Estados soberanos para regular los cursos de aguas internacionales.
El problema del agua es de tal calibre que sólo un pacto sobre ella puede llevarnos, si no a su solución,si a evitar una crisis importante. Lo lógico, lo democrático es que el agua que sobra donde abunda se lleve adonde escasea. Ese plan sólo puede realizarlo el gobierno de la nación, no los autonómicos, pendientes sólo de sus intereses .
Se ha firmado en Barcelona el acuerdo entre el Presidente de la Generalitat y la ministra Elena Espinosa el trasvase de agua desde Tarragona a Barcelona para aliviar las necesidades de ésta última provincia. Lo cierto y sorprendente es, que la Generalitat había renunciado en el 2005 a cualquier posible trasvase. Se da la paradoja, de lo que entonces no servia, ahora si vale pero sólo en beneficio de Cataluña. Dadas las circunstancias que concurren se comprende fácilmente el sentimiento de agravio que sufren otras Comunidades con esta decisión unilateral e insolidaria.
En resumen, el agua debe utilizarse en provecho de todos y para todos, al amparo de los principios de igualdad y solidaridad que predica predica la norma suprema de nuestro Ordenamiento.