¿Debe saberse quién objeta ante ciudadanía?

La Junta de Andalucía ha adoptado una polémica decisión al publicar en su Boletín Oficial (BOJA) los nombres de casi un centenar de alumnos que han objetado ante Educación para la Ciudadanía. Esta decisión ha crispado a los miembros de las asociaciones, que han comprobado asombrados cómo la administración pública ponía, sin ningún reparo, los nombres de sus hijos, uno tras otro, para reclamar más documentación para una trámite de objeción que la Consejería de Educación se niega a reconocer. No tiene sentido, por tanto, que la Junta decida reclamar documentos para una objeción que no va a existir a no ser que sea de obligado cumplimiento por una decisión judicial.
Y precisamente ante los jueces quieren llevar los padres la publicación de los nombres de sus hijos. Y se basan en la Ley de Protección Jurídica del Menor, que establece que no se podrá usar ni la imagen ni el nombre de un menor si se menoscaba su honra o reputación. Evidentemente, la lista de chavales publicada en el BOJA puede entenderse como un proceso normal de la administración para reclamar más documentos ante la objeción, pero contemplarlo así supone una actitud timorata si se tiene en cuenta la batalla ideológica que se está librando con esta polémica asignatura. Hoy, a pesar de las miles de objeciones que hay sobre la mesa de la Junta, sigue sin reconocerse el derecho de los padres a recibir para sus hijos una educación acorde a la ley vigente, los derechos humanos y sus ideas. La Junta se ha mostrado especialmente beligerante contra estos padres. Mientras la comunidades del PP hacen una verdadera chapuza para esconder la asignatura, en las del PSOE se ha optado por la mano dura. Y en Andalucía se ha llegado a afirmar que si los padres no llevan a sus hijos a esta asignatura estarán cometiendo un delito. No hay que olvidar que los padres no amenazan a la administración y que no toman medidas más allá de su objeción de conciencia. ¿Es una amenaza, una coacción? Además de los padres, el Defensor del Pueblo Andaluz y la Fiscalía de Menores quieren averiguar las intenciones de la Junta. Los únicos que salen perjudicados, en Andalucía o en Valencia, son los pequeños. Ya sea porque se publica su nombre o porque se hace el paripé, ellos no reciben la educación correcta.

¿Realmente son planes de salvación?

La nueva caída de las Bolsas a nivel mundial en la jornada de aye, indica que no parecen reaccionar ante la constante inyección de dinero de los Estados. Se preveían problemas en Alemania, con la situación de su segundo banco hipotecario (el HRE) al borde de la bancarrota, pero se esperaba que la intervención del Gobierno germano iba a poder frenar el temor a que se reproduzca en Europa los problemas de Estados Unidos, pero lo cierto es que no ha servido para nada y todas las Bolsas han vuelto a caer en barrena y han vuelto a demostrar que el miedo es superior a la confianza que puedan expresar los políticos, ya que la minicumbre de los países europeos del G-8 tampoco parecen haber ayudado demasiado a generar la estabilidad que se pretendía.
Y ante esta situación, lo que se empieza a preguntar el ciudadano es si todo este dinero que se destina a mantener a flote empresas y bancos son realmente los planes de salvación que se están vendiendo o sólo una manera de salvaguardar la estabilidad del mercado financiero sin conseguirlo, pero con el agravante de que todo el dinero que se gasta son inversiones y servicios que pierden los propios ciudadanos.