|
Una agresión que no debe quedar impune
Una vez más, y por desgracia, la violencia ha vuelto a surgir
en un centro escolar –en Jerez– y, de nuevo, con un profesor
como víctima de una agresión, en esta ocasión
por parte de un padre que entró directamente al colegio para
golpearlo. Da igual la justificación que el agresor quiera dar
a este hecho –se habla desde el propio centro que podría
haber creído que el profesor había agredido a su hija
de corta edad–, nada justifica el uso de la violencia y sólo
con sanciones severas se va a poder frenar esta tendencia de recurrir
a las agresiones para solucionar un problema educativo.
Por eso, no basta las muestra de condena de la administración
andaluza, ni del delegado municipal, ni de los padres y madres del
centro educativo. Hay que ir más allá y forzar que se
tomen medidas judiciales para que sirva de aviso no sólo a otros
agresores, sino a toda la comunidad educativa. No se trata de enviar
a este padre a la cárcel, pero sí que desde las instancias
judiciales se adopte en este tipo de situaciones el mismo tipo de sanciones
que se hacen con los menores. Un buen castigo ejemplar con una posible
conmutación de pena con servicios sociales a realizar en el
mismo centro educativo o en otros de la ciudad puede ser el mejor revulsivo
para que se pueda comenzar a atajar este tipo de situaciones que, por
desgracia, siempre tienen a la parte más débil, como
son los profesores, en su punto de mira.
Es lamentable comprobar cómo, además de ser atacados,
los profesores y maestros deben limitarse a esperar los golpes sin
poder nunca defenderse, ya que son conscientes de que como uno solo
golpee a un padre o a un alumno él pasaría directamente
de ser la víctima a ser el culpable. Y esta sensación
de indefensión es la que provoca que luego a este profesorado
se le acuse de no estar más involucrado en la educación
de los alumnos, cuando de forma paralela se les deja de lado cuando
suceden sucesos de esta índole.
Por eso, este incidente, como tantos otros que ocurren si no a diario
sí con excesiva periodicidad, no puede acabar en el olvido de
un día, sino que se debe proseguir con una actuación
judicial y dando información sobre la posible condena que pueda
recibir el agresor, como ejemplo y como sensibilización para
todos.
Con expedientes no se resuelve nada
La Dirección General de la Guardia Civil
ha abierto expedientes disciplinarios a otros dieciséis guardias
civiles por falta muy grave, al participar en la famosa concentración
de Madrid del pasado 20 de enero vestidos de uniforme, con lo que la
cifra de expedientados se eleva ya dieciocho funcionarios. Además,
la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández
de la Vega, ha advertido al respecto que el Ejecutivo “no va
a aceptar ningún chantaje”, añadiendo que “la
ley tiene que cumplirse y nuestra obligación es que se cumpla”.
Fernández de la Vega tiene razón. Ningún gobierno
puede aceptar chantajes y, obviamente, las leyes están para
cumplirlas. Pero la vicepresidenta olvida que el PSOE, partido que
sustenta al Gobierno, prometió antes de las pasadas elecciones
municipales una serie de reformas en el Instituto armado que no ha
querido, no ha sabido o no se atreve a acometer, y que las protestas
de ahora son por culpa de esos incumplimientos. Hoy en día es
muy difícil entender que un cuerpo policial siga con una estructura
militar y sometido a un régimen disciplinario con medidas de
corte militar. Las elecciones están cada vez más cerca,
los guardias estarán atentos al programa socialista. |
